Silvestre Pacheco León
Los incendios y la tala ilegal son los principales enemigos del bosque. Su consecuencia, es la escasez de agua, el cambio climático, la violencia, y mayor pobreza en el campo.
Los gobiernos han dispuesto de todo el tiempo del mundo para diseñar estrategias para la preservación del bosque, pero nunca han sido eficaces porque el ritmo de destrucción de la capa vegetal es sostenido y va en aumento.
Los incendios ya no son, en su mayoría, causados por la vieja práctica agrícola trashumante del tlacolol. Ahora los provocan quienes se dedican a la ganadería bovina, para limpiar los potreros y garantizar la germinación de la semilla que tiró el pasto maduro.
Los incendios provocados por quienes siembran enervantes, tampoco tienen relevancia a raíz de que ahora están claramente delimitadas las parcelas de los campesinos. Nadie se puede llamar sorprendido cuando se descubren plantíos de amapola y mariguana en sus predios.
Las autoridades solamente esconden su irresponsabilidad y exhiben ignorancia cuando aducen dificultades para identificar a quienes provocan los incendios. Si los recursos que tienen a su disposición no los canalizan a la prevención, estamos condenados al sacrificio del fuego.
El caso de la tala ilegal para perjuicio del bosque, es singular y permanente. En cuanto termina el ciclo de lluvias comienza el movimiento de los madereros para la extracción de madera. Empiezan por la rehabilitación de caminos para que los camiones lleguen sin tardanza a la zona de corta.
Cuando el aprovechamiento forestal está autorizado, el problema de la deforestación se localiza en la manera como cortan y extraen la madera. Como no hay supervisión de ninguna autoridad para cuidar que solamente se corten los árboles maduros, lo común es que el corte se haga parejo en ventaja de los motosierristas que cobran por metro cúbico de madera aserrada. A ellos no les importa si el árbol está marcado o no. Lo que les interesa es cortar, entre más trozos mejor. Por eso lo hacen a mata rasa, sin respetar los pinos delgados.
Después de derribado el árbol, para juntar los trozos que serán subidos al camión, se valen de una grúa provista de cables que alcanzan una distancia de medio kilómetro. Y en cuanto se ha asegurado el trozo de pino, lo que sucede en el trayecto es la destrucción sistemática de los árboles que se interponen en el camino.
Quienes han estado en las explotaciones madereras afirman que por cada árbol que la grúa recoge, destruye en promedio 50 ejemplares en el trayecto. Es decir, que aparte del corte parejo que se hace con la motosierra de los árboles adultos, la grúa hace lo propio con los árboles jóvenes y pequeños que, en otras circunstancias, repoblarían el bosque.
Es posible que en las explotaciones madereras que son de propiedad social, como algunas empresas forestales ejidales, los dueños del bosque realmente pongan cuidado para no dañar de más su recurso. El problema en nuestro estado, y creo que en toda la república, es que la inmensa mayoría de las empresas maderas son privadas y a esas sólo las mueve el afán de la ganancia. Por eso tratan de aprovechar cada día en la extracción del mayor volumen de madera. Después de que han acabado con el bosque, nada los obliga siguiera a regresar al lugar.
Los funcionarios responsables de vigilar las explotaciones madereras, siempre argumentan la falta de personal para cumplir con la supervisión, pero nunca renuncia a su cargo ante la imposibilidad de cumplir. Todos se acomodan a la situación, buscando un sin fin de justificantes para explicar su inacción. Pero claro, se trata únicamente de la falta de vigilancia en los “aprovechamientos” forestales que tienen autorización, porque el mayor contrasentido en esto de la vigilancia, consiste en que la mayoría de las zonas de extracción de madera, no cuentan con permiso, es decir, se trata claramente de explotaciones clandestinas que están acabando con la cada vez más escasa superficie forestal.
También es un hecho que las autoridades saben dónde se localizan estas zonas, que hasta se podrían monitorear nacionalmente, de otra manera, sólo basta con que investiguen lo que hacen sus inspectores, pues es precisamente allí en esas zonas donde con más frecuencia se les ve departiendo con los talamontes.
En la sierra de Zihuatanejo la exacción del bosque tiene alarmada a la población. Los talamontes son ampliamente conocidos, como también lo son sus buenas relaciones con las autoridades federales. Cuando alguien de los afectados decide formular una denuncia, dicen que aún no llegan de regreso a su ejido cuando ya los saqueadores de la riqueza forestal saben quien los denunció. Y como por lo general esas denuncias no son ratificadas, simplemente se archivan en la oficina mientras en la sierra crece el número de cuestiones personales.
El mayor contrasentido en esta relación es que habiéndose inventado el gobierno para evitar conflictos entre particulares, aquí la inacción del gobierno sirve precisamente para generar conflictos.
Con esa conducta las autoridades van cayendo en el descrédito. Los ciudadanos desconfían de la rectitud oficial y no ven utilidad alguna en sus aparatos. Por eso se entiende que opten mejor por las acciones directas, antes de engañarse perdiendo el tiempo en conseguir la atención del gobierno.
En la sierra de Zihuatanejo la deforestación mantiene su ritmo ascendente. Los ejidos de Mineral Real de Guadalupe, Vallecitos de Zaragoza y La Laja, están perdiendo su riqueza forestal de manera pasmosa. Sus habitantes ya no creen que haya alguna autoridad que pueda parar el daño. De las campañas de reforestación solamente se ríen porque durante años han vivido la farsa de recibir las plantas cuando las lluvias ya se están retirando y entonces hacen como que las siembran mientras el gobierno las hace crecer, sólo en el papel. En la cabeza de estos campesinos no les cabe la idea de que los estudiados del gobierno puedan pensar que es mejor reforestar que cuidar lo que ya está.
Sin embargo o por esa situación de descrédito en que han caído las autoridades ambientales, se ha dado el caso poco habitual de que en un debate sobre el quehacer para detener la deforestación, haya ganado, en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de éste municipio, la propuesta de insistir por la vía legal para que las autoridades cumplan con su obligación y vigilar y sancionar a los delincuentes.
En su sesión ordinaria del mes de marzo, los miembros del consejo acordaron enviar a la presidencia de la república una denuncia contra la actitud irresponsable de las autoridades federales que están para cuidar el bosque pero que se coluden con los talamontes.
El oficio de los representantes de los sectores productivos del municipio señala el grave daño que está sufriendo el recurso forestal cuya desaparición está cambiando el clima, y el riesgo mayor para las ciudades costeras por la escasez de agua que ya se está viviendo.
Demandan al presidente de la república una acción urgente para detener la tala ilegal. Denuncian que ni la Profepa ni la Semarnat cumplen con su tarea.
En su escrito los consejeros de Zihuatanejo hacen recuento de los hechos de violencia que se han vivido en otros municipios que comparten la Sierra Madre del Sur, y previenen sobre el riesgo de que también en la cuenca del río Ixtapa se produzcan acciones que agraven más la situación violenta que de por sí se está viviendo.
Por último, solicitan al gobierno federal que apoye a los campesinos dueños del bosque, financiándoles proyectos productivos sustentables o pagándoles los servicios ambientales que prestan, pues consideran que resulta relativamente fácil convencer a un campesino sobre las ventajas económicas que tiene cuidar el bosque por la riqueza biológica que entraña, siempre superior al pago que pude recibir por la venta de su madera.
En la discusión que precedió al acuerdo se comentó la situación de emergencia ambiental que se vivió hace algunas semanas en la capital del estado, provocada por los incendios incontrolados de los cerros que rodean Chilpancingo.
Más de uno de los consejeros mostró su irritación ante la falta de eficacia de la Semarnat y Protección Civil, para combatir el incendio, y no daban crédito al hecho de que la Semaren se haya dedicado a medir el grado de contaminación por el humo, antes de combatir la raíz el problema.
Ahora el consejo espera la respuesta del Ejecutivo Federal en esa actitud de acudir a la última instancia.
