¿MEJOR TODOS POBRES? Octubre 19, 2009

Silvestre Pacheco León

Extinguir, es la palabra que puso de moda en estos días el presidente de la República. Con ella se refirió a la decisión que tomó para desaparecer a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que otorga el servicio de energía eléctrica a más de seis millones de usuarios que viven en el valle de México, con el trabajo de 24 mil electricistas.

El argumento central del presidente de la república al anunciar la extinción de la CLyFC consiste en sostener que desde su creación, esta empresa no ha cesado de recibir transferencias del presupuesto federal, que para el presente ejercicio serán de 41,945 millones de pesos. Dice que la empresa es ineficiente, que pierde poco más del 30 por ciento de la energía que produce y que es oneroso pagar las prestaciones contenidas en el contrato colectivo que la empresa tiene con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Ante esta medida que el gobierno federal tomó el sábado 11 de octubre, después de que se conoció la victoria de la selección nacional en el partido de fútbol frente al seleccionado salvadoreño, el SME detalló la situación de la empresa con la que contrata así como de la política energética que ha seguido el gobierno.

Con el propósito de que los mexicanos podamos comprender lo que pasa en la industria eléctrica y, accesoriamente asumir una postura al respecto, conviene tomar en cuenta la posición del sindicato, el cual, frente al poder de los medios de difusión que apoyan la medida oficial, se encuentra en total desventaja.

La empresa LyFC, es un organismo descentralizado que no ha crecido en su capacidad de  generación de energía eléctrica desde 1975 a pesar de que esa industria es considerada estratégica para el desarrollo del país. Las razones de esa política que inhibe la capacidad generadora de la CLyFC no están claras porque para satisfacer la demanda de energía en esta parte del país, la empresa en extinción tiene que comprar el fluido eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad a un precio superior de como lo vende.

El Sindicato Mexicano de Electricistas, organismo que representa a casi 50  mil trabajadores, entre activos y jubilados, de la CLyFC, asegura que Felipe Calderón miente al exponer las razones que lo llevaron a tomar la determinación de extinguir a la empresa eléctrica, sobre todo cuando el presidente expone ante la opinión pública que las transferencias presupuestales que recibe  de la Secretaría de Hacienda, ése organismo descentralizado, son para satisfacer las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que administra el sindicato, pues asegura que en realidad dichas transferencias se destinan a la compra del fluido eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad la cual ha recibido por ése concepto al mes de julio del 2009, la cantidad de 54, 797.683.1 millones de pesos, y que, en todo caso, la insolvencia que muestra la CLyFC se debe a que subsidia a los grandes empresarios como parte de la política oficial de privilegiar a quienes más tienen. Para sostener esa afirmación, el SME informa que a los empresarios se les vende la energía eléctrica a 88 centavos el kilowat hora, mientras que a los usuarios domésticos, que son la mayoría, se les cobra a 97 centavos.

El SME ha denunciado que detrás de la decisión que tomó Felipe Calderón de decretar la extinción de la CLyFC, se oculta el interés de su gobierno por privatizar la industria eléctrica, a favor de empresas trasnacionales como la Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola, ya que hasta julio del presente año la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente 772 permisos a particulares para la generación de energía eléctrica, lo que en términos generales significa que ahora está en manos privadas hasta el 35 por ciento de la capacidad instalada para la generación de electricidad.

Para el SME, el decreto de extinción de la CLyFC, es violatorio de la constitución porque para una acción de esa naturaleza se requiere de la participación del congreso de la Unión, ya que el artículo 27 establece que la industria eléctrica es patrimonio de la Nación. Además, el sindicato agrega que se siente particularmente agredido porque el decreto de extinción de su fuente de trabajo fue acompañado de la toma de las instalaciones de la CLyFC por parte de la Policía Federal, para que éstas fueran operadas por personal de la Comisión Federal de Electricidad.

El SME documenta su acusación al gobierno señalando que en su afán de favorecer a los inversionistas privados entregándoles una industria estratégica, no repara en el enorme daño que provocará con el despido de los 22 mil trabajadores que se quedarán sin empleo ni protección a sus familias,  y hace un recuento del resultado que ha tenido la administración calderonista en la economía de los mexicanos durante los tres años que lleva en el  gobierno, enumerando que hay 5 millones 600 mil trabajadores que apenas ganan el salario mínimo, cantidad que no alcanza siquiera para adquirir los bienes de consumo básico que requiere una familia; 19 millones de mexicanos cuyos ingresos no les alcanzan para comer, y una situación de desempleo que afecta quizá a 10 millones de personas en edad de trabajar. En contraparte el sindicato recuerda que 10 familias concentran tal riqueza en nuestro país que forman parte de la lista de los más ricos del mundo.

Frente a esta situación el SME exige al gobierno la derogación del decreto de extinción de la empresa con que contratan, la devolución de las instalaciones de la CLyFC, y convocan a la formación de un frente nacional por la defensa de la legalidad constitucional, la soberanía y los contratos colectivos de trabajo.

El lunes 12 al medio día, la ciudad  luce tranquila, con un cielo nublado. En la avenida Insurgentes llama mi atención la leyenda que portan las unidades del metrobus, unos sí y otros también, manifestando su apoyo al SME. En Paseo de la Reforma y en las inmediaciones de la Alameda hay grupos de trabajadores difundiendo el problema, sobre todo mujeres, que portan carteles en pecho y espalda recordando al presidente su compromiso con el empleo. En algunas estaciones del Metro piquetes de trabajadores, presumiblemente electricistas, entregan volantes demandando la solidaridad del pueblo en la defensa de su fuente de trabajo y de la industria eléctrica. Algunos preguntan en carteles si la gente sabe cuánto pagará de luz.

En la prensa nacional se conoce a detalle y se comenta el decreto presidencial del sábado 11 que anuncia la extinción de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro y con ello el despido de todos sus trabajadores. Los partidos políticos fijan sus posiciones y los analistas hacen sus juicios.

En el periódico Reforma German Dehesa aplaude la acción del presidente y critica la reacción tardía de Marcelo Ebrard manifestando su apoyo a los trabajadores electricistas. Federico Reyes Heroles minimiza la fuerza del sindicato y de las organizaciones que lo apoyan frente a los millones de mexicanos supuestamente agraviados por el subsidio inconsulto que damos al SME vía CLyFC, calculado en 400 pesos anuales por cabeza. Jorge Alcocer, por su parte, apoya también la medida del gobierno, repasando los intentos que se han hecho desde el poder por terminar con las transferencias presupuestales a esa empresa eléctrica descentralizada.

Los periodistas de Televisa se enfrascan en discusiones sobre la coherencia entre el plan para la extinción de la CLyFC y su ejecución. Que si tuvo o no tuvo peso en la decisión del sábado el triunfo futbolero de la selección nacional.

El taxista me pregunta mi opinión sobre el suceso. A él le preocupa la previsible toma de la ciudad por los opositores a la medida del presidente. Ya sabe que López Obrador ha manifestado su apoyo a los electricistas y teme que se pierda el control del DF. Cuando le digo que el desempleo crece a pesar de las promesas del presidente, deja de insistir en la jugosa indemnización que se ofrece a los trabajadores. De todos modos entramos en la discusión sobre el papel de los sindicatos y coincidimos en que son instrumento de los trabajadores, tan democráticos o corruptos como lo permiten y deciden sus bases. Si los sindicalizados tienen privilegios, su trabajo les ha costado, lo grave- le digo- es que la mayoría de los trabajadores carecen de ese instrumento legal que los representa y defiende. Al final concluimos en que Felipe Calderón actúa al modo del mexicano clásico: en vez de buscar que nos igualemos a los ricos, prefiere que todos seamos pobres. De allí su argumento de que prefiere quitar los subsidios a los trabajadores electricistas porque están organizados y pueden presionar, para dárselos mejor  a los mexicanos más pobres, que están desorganizados y –concluyo- no pueden protestar.

El hecho es que en lo interno, los trabajadores del SME pusieron su flanco más débil para el golpe sabatino del 11. Pobres, quizá hasta crudos estaban los dirigentes cuando fueron enterados de la noticia. El golpe mediático fue certero y apabullante. Ni siquiera el SME con sus largos años de lucha sindical vanguardista lo previó ni pudo sobreponerse. Lo que viene es cuesta arriba y el ambiente social no ayuda para una lucha larga.

EL DERECHO A SABER Octubre 12, 2009

Silvestre Pacheco León

Como todos los derechos ciudadanos, el derecho a saber se conquista ejerciéndolo. No basta que las leyes vigentes lo contengan. Es menester que se pruebe en los hechos hasta que arraigue en la cultura de la sociedad.

Tratándose de la información pública, los mecanismos para acceder a ella deberían ser simples y baratos, pero como el saber es poder, quienes lo ejercen lo monopolizan. El saber de la cosa pública se vuelve un asunto de iniciados, que se usa para perpetuarse en el poder, aunque las sociedades que gobiernan se mantengan en el subdesarrollo.

Por eso la opacidad en el  gobierno es sinónimo de corrupción, incompetencia y negligencia. En cambio, la transparencia en el ejercicio del poder es una manera de hacer partícipe a la sociedad, porque en la medida que conoce, se desarrolla.

En nuestro estado de Guerrero existe una ley que reconoce el derecho de los ciudadanos a saber, y un organismo dedicado a velar porque ése derecho se respete, sin embargo, tanto la disposición legal como el instrumento para hacerlo realidad, han mostrado serias deficiencias que mantienen al pueblo alejado de la información sobre los programas oficiales y su aplicación.

Si bien es cierto que decenas de organizaciones sociales trabajan sin descanso para arraigar la cultura de la participación en la vida pública, de parte del gobierno domina el autoritarismo, la prepotencia y la hipocresía, conductas que contradicen el derecho a saber que asiste a los ciudadanos.

El poder de la burocracia asoma sin pudor ante cualquier demanda de información, sea del gobierno municipal, estatal o federal. Las contralorías sociales que se promueven en algunos municipios para conocer y dar seguimiento a los programas oficiales, son vistas como verdaderas amenazas al poder establecido, de manera que en esas condiciones excepcionalmente opera con eficacia la acción concertada de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Lo señalado arriba se pudo constatar en el Segundo Foro Estatal por un Guerrero Transparente y Democrático, que con la participación de casi una veintena de organizaciones, se realizó el lunes 28 de septiembre en la biblioteca del Congreso local, en la misma fecha  en que el mundo celebra el Día Internacional del Derecho a Saber.

En éste evento donde el diputado Irineo Cesáreo Guzmán, presidente de la comisión de gobierno en sustitución del finado Armando Chavarría, anunció el compromiso  de que para octubre el Congreso tendrá listas las reformas a la ley estatal de transparencia, se denunció también el incumplimiento del acuerdo de la comisión de diputados responsable de la revisión de la ley, de escuchar las propuestas de la sociedad civil organizada para la mejora del instrumento legal.

Para ilustrar la importancia que tiene el acceso a la información pública como valladar frente a la impunidad de los gobiernos, el Foro Estatal escuchó a la representante de la ONG norteamericana, Archivo de Seguridad Nacional, Kate Doyle, quien expuso que aún con dificultades que los propios ciudadanos norteamericanos tienen en su país para el acceso a la información pública, resulta mucho más fácil allá conocer casos sucedidos en México debido a que el imperio, cuando no está metido completamente en los asuntos, siempre sabe lo que sucede en cada parte del país a través de sus agregados militares que los Estados Unidos tienen adscritos a sus embajadas.

Kate Doyle hizo un repaso histórico de hechos notables ocurridos en varios de nuestros países, de delitos contra sus ciudadanos en los que el gobierno ocultó información para protegerse y perpetuar la impunidad.

Gracias a la labor que realizan no más de 20 personas que trabajan en Washington en la asociación civil,  Archivo de Seguridad Nacional, se pudo dar luz para que tanto en Paraguay, como en Perú y Guatemala, la justicia pudiera castigar a quienes desde el poder abusaron de los derechos humanos de personas como usted y como yo, que en su momento fueron opositores a la autoridad.

Del caso de México la guapa, carismática e inteligente, Kate Doyle, dijo estar interesada en el esclarecimiento de casos vividos en los años de la guerra sucia, porque existen elementos muy útiles para que se esclarezcan, como el hecho de que hay familiares que sufren y que reclaman, testigos dispuestos a cooperar y denuncias que se pueden formular.

En Guerrero se enumeraron los casos del papá de Tita Radilla, desaparecido por el ejército porque él componía y cantaba corridos de los sucesos en Atoyac, en la época del guerrillero Lucio Cabañas. Los asesinatos del Charco en el municipio de Ayutla, son algunos de los sucesos donde el Archivo de Seguridad Nacional podría colaborar, si alguna organización lo solicitara.

Pero lejos aún de promover el esclarecimiento de hechos tan lamentables como los descritos, como forma eficaz de castigar a los responsables para fortalecer la democràcia, las organizaciones participantes en la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber expusieron sòlo experiencias locales que pudieran ilustrar las ventajas de ejercer el derecho a la información, dejando claramente establecida la importancia de la organización como columna vertebral en toda demanda de la información oficial.

Por eso fue ilustrativo presentar el caso de la exitosa lucha de los habitantes del municipio de Zihuatanejo, opuestos a la construcción del muelle de cruceros en la bahía, quienes en nueve meses de movilizaciones, marchas, manifestaciones, campañas de firmas, difusión del problema, debates en los medios de comunicación y defensa sólida y puntual de sus puntos de vista, lograron en el 2008 la cancelación del proyecto millonario que amenazaba con destruir el atractivo natural y turístico más importante de la Costa Grande.

No se tocaron los hechos de mayor impacto que ha vivido la sociedad guerrerense, donde se han violado los derechos humanos y priva la impunidad de los funcionarios implicados. Apenas fue un asomo a las enormes bondades que ofrece una ley para resolver casos de elemental justicia. Nadie que demandara resultados en la investigación de hechos como los sucedidos en Ayutla, contra los dirigentes mixtecos, ni tampoco los que quitaron la vida al aspirante a gobernador del PRD, Armando Chavarría. Apenas una demanda suave a los ayuntamientos de Técpan, Acapulco y Chilapa, para que informen sobre proyectos que podrían resolver añejos problemas de agua potable, drenaje y pavimentación.

Crescencio de la Cruz expuso el grave problema de contaminación del agua que alimenta al poblado de San Jerónimo Palantla en Chilapa; doña Victoria Melchor León, denunció el drama de su comunidad, La Concepción, que se localiza a unos mil metros del río Papagayo, donde carecen de agua pero están en vecindad con un pozo que la extrae, aunque no para ellos que son pocos y rurales, sino para el puerto de Acapulco;Felipa Riqueño, lider natural de la comunidad del Limón, también de Chilapa, expuso el riesgo latente de enfermedades gastrointestinales que puede provocar el agua que consumen porque sus vecinos de arriba la contaminan. Doña Guadalupe Ruiz de la colonia Villa Rotaria en Técpan hace recuento de los años que llevan sus vecinos demandando servicios básicos de luz eléctrica y agua potable. Todos ellos han acudido comedidamente ante las autoridades municipales con su solicitud de que sean informados sobre los programas y planes que resuelvan su necesidad, pero han topado con la barrera casi infranqueable del desprecio racista de los funcionarios, que así tratan a los ciudadanos huérfanos de representantes y de organización.

Las conclusiones del foro de todas formas fueron halagadoras, pues además de reiterar la disposición de las organizaciones para seguir levantando la cultura de la participación para la transparencia y la rendición de cuentas, acordaron redoblar esfuerzos para conseguir que los funcionarios y representantes populares se eduquen y cumplan con el deber de informar. Para ello dieron nacimiento a un organismo que se extenderá como red para buscar mayor efectividad en el ejercicio del derecho a la información. De manera que en el tercer foro se pueda evaluar el avance en la materia.

¿SOMOS UN PUEBLO SIN MEMORIA? Octubre 12, 2009

Silvestre Pacheco León

Independientemente de quien lo haya dicho primero, no deja de ser cierto que las ausencias o pérdidas que los humanos vivimos en el transcurso de nuestra vida, desaparecen realmente cuando las olvidamos. El olvido puede ser un remedio si se trata de algo cuyo recuerdo o existencia nos duele, o un verdadero drama si lo que olvidamos explica parte de nuestra existencia.

En el ejercicio colectivo de más de tres decenas de personas de la cuenca Huacapa-Río Azul, reunidas por convocatoria de la Comisión Nacional del Agua, para realizar un diagnóstico participativo de la situación actual, nadie recordó, como parte de la problemática de la cuenca, que hubo un tiempo en que dichos ríos estaban vivos y que  sus aguas  eran el medio de vida de algunas variedades de peces que los pobladores ribereños consumían como parte de su dieta.

El drama es que los cambios que han vivido esos ríos los hemos aceptado con una resignación o apatía tal, que nos parece natural la desaparición de especies vivas en nuestro entorno, como si los beneficios  ( si es que hay alguno) que eso entraña, fueran tantos y tan cuantiosos, que mejor nos valiera enterrar el pasado y vivir en adelante como si todo fuera nuevo.

¿Qué importancia podría tener en mi vida el recuerdo de los días de pesca en el río, que eran de aventura con mi padre y motivo de fiesta en la mesa familiar?

Yo, como todos los niños, eran el encargado de recoger los pescados que mi padre capturaba con su  “xaliscli” siguiéndolo por la margen del río Límpio, antes de que su caudal se uniera al Huacapa, allá en la cabecera municipal de Quehultenango. En cada lance con esa especie de red pegada al cuerpo, mi padre podía pescar uno o dos ejemplares que en seguida lanzaba junto a mí, que estaba presto para levantarlos haciendo una sarta con ellos.

Con la muerte de los peces en el río desapareció para siempre el “xaliscli” esa red tejida con hilo de algodón, en cuyos bordes colgaban los trozos de plomo que la hundía; tan ancha como la brazada de un adulto, que le llegaba desde los hombros hasta las rodillas, pendida del cuello y que se sujetaba en sus extremos con las manos. Era una arte de pesca rudimentaria pero eficaz para la pesca en el río. Dos pescadores juntos y aleccionados podían obtener buena pesca en cualquier poza. Las charras, los blanquillos y los choguiles era lo más común en la pesca. Las preferidas eran las primeras, que no crecían más de una cuarta pero concentraban todo el rico sabor del agua dulce. Su sabor estimulante podía más que sus pequeñas y duras espinas. Los blanquillos, en cambio, eran simples y escuálidos, aunque abundantes, para comerlos no era menester desescamarlos. Los choguiles eran preciados pero escasos. Habitaban en las pozas profundas de aguas azules. Toda una proeza pescarlos. Preparados en caldo o fritos, eran la variedad en la mesa. En las primeras crecientes el río era una fiesta, porque las familias pescaban desde la orilla  aprovechando  el natural descontrol de los peces por el agua sucia. La temprana temporada de lluvias yo la identifico con los tamales de pescado en hojas de maíz aderezados con epazote.

Pero la calamidad llegó para los peces en forma de visores y arpones, pero también con el uso de truenos y hasta de electricidad para pescarlos. Si durante un tiempo la pesca fue una actividad más recreativa que productiva, después hubo quienes explotaron los ríos como negocio. La pesca se hizo comercial hasta casi acabar con el recurso, aunque su liquidación total se produjo cuando nuestros ríos pasaron de ser fuente de vida, de esparcimiento y distracción, a sistema de drenaje que transporta, a cielo abierto, todas las aguas residuales de la mayoría de habitantes que pueblan la cuenca.

Claro, la muerte de los ríos no ha sido lo único que ha traído la modernidad, también el turismo sufrió las consecuencias con su impacto en la economía de muchas familias cercanas a los balnearios. La explotación de los productos pétreos en los cauces de ríos y arroyos, forma parte del ambiente desolado.

Sin embargo, debemos abonar al interés, a la conciencia y a la educación ambiental actual, tanto de los funcionarios públicos, como de quienes laboran en instituciones educativas y también de los ciudadanos organizados que participaron en la primera fase del taller de planeación para el rescate de la cuenca, efectuado a principios de semana en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, un primer diagnóstico sobre el deterioro ambiental, caracterizado por una deforestación irracional, contaminación grave del suelo, del agua y del ambiente; una falta de cultura ambiental tanto del gobierno como de los gobernados, desvinculación del gobierno con la sociedad, crecimiento urbano desordenado y falta absoluta de  aplicación a la ley. Todos ellos identificados como causas del problema central del Manejo Integral Inadecuado  de la Cuenca, cuyas consecuencias provocan un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, que se manifiesta en: escasez de agua, problemas de salud, deterioro ambiental, carestía del agua, conflictos sociales y baja en la ocupación productiva.

Para mejorar la calidad de vida de la población que vive en la cuenca, el grupo plural abocado a ése fin, estableció como actividades promover que el gobierno, en sus tres órdenes, coordinadamente consulte a la sociedad y la motive para que sea ésta la que establezca las prioridades ambientales, con la presencia de las ONGs ambientalistas, teniendo como base el conocimiento amplio de la problemática en esta parte del territorio estatal.

En ése mismo sentido se estableció la importancia de difundir la cultura ambiental como manera eficaz de concientizar y motivar a la población para que se interese en su entorno y pueda así mudar de hábitos y costumbres que constituyen un lastre. Desde luego que en éste proceso debe haber vigilancia y seguimiento de las dependencias correspondientes.

Se consensó  la idea de que la transparencia y la evaluación social son básicas para desterrar la corrupción y que la conducta de los gobiernos debe velar siempre por el interés común, garantizando a la sociedad organizada y participativa el uso eficiente de los recursos y que la aplicación equitativa de la ley combate la impunidad y sienta precedente en el valor de la norma para su respeto.

El tratamiento de las aguas residuales que implica el establecimiento y operación de las plantas de tratamiento,  el manejo eficiente de los residuos sólidos y el confinamiento adecuado de los residuos peligrosos, cancelando su incineración  mediante el establecimiento de rellenos sanitarios, constituyen también una prioridad.

Dotar a la cuenca de un Programa de Ordenamiento  Ecológico Territorial para que se respete la vocación natural del suelo, que los municipios cuenten con sus planes directores; fortalecer la protección del bosque, prevenir y controlar los incendios, ayudará a la restauración natural del bosque y al crecimiento urbano ordenado.

Claro está  que en el resultado de éste trabajo, algunos de los participantes tienen más méritos que otros, pues mientras los funcionarios públicos presentes devengan así su salario, los ciudadanos que no tienen ése privilegio, participan bajo su coste.

Sin embargo, en este taller de planeación participativa coordinado por el ingeniero Juan Antonio Martínez Blanco de las oficinas centrales de la Conagua, hubo ausencias significativas de las autoridades locales de los ayuntamientos de la propia capital del estado, de Mochitlán, Oscar Alberto López Sánchez, y Quechultenango, Leonel Angel Nava, las cuales, siendo  parte del comité de Cuenca del Huacapa-Río Azul, se están marginando del proceso que ellos mismos estarían obligados a encabezar.

Pero no todo en éste proceso es negativo, pues resulta conveniente informar que un día después de concluida la primera fase del taller de planeación, se realizó el primer encuentro de presidentes municipales de los tres municipios antes mencionados, a invitación del presidente de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores.

En el palacio municipal de ésta capital los tres ediles, en presencia de la secretaria ejecutiva del comité de Cuenca, Angelita Memije, del diputado local, presidente de la comisión de recursos naturales del congreso, Luis Edgardo Palacios, del regidor de protección del ambiente del ayuntamiento de Chilpancingo, Ivan Sánchez Aguilar, de la doctora en Ciencias Ambientales, Silvia Alemán Mundo escucharon en voz del ingeniero Pablo Márquez Rojas, de la Subdirección del Consejo de Cuencas, la propuesta de la Conagua para la creación de una gerencia operativa para agilizar las acciones de rescate de la cuenca, con un fondo inicial integrado por partes iguales Conagua-Ayuntamientos.

El compromiso de todos, pese a los recortes presupuestales que les afectan, fue que a partir de enero del año próximo realizarán las aportaciones correspondientes para la creación del fondo que así comenzará con un capital inicial de un millón de pesos.