Silvestre Pacheco León
Como todos los derechos ciudadanos, el derecho a saber se conquista ejerciéndolo. No basta que las leyes vigentes lo contengan. Es menester que se pruebe en los hechos hasta que arraigue en la cultura de la sociedad.
Tratándose de la información pública, los mecanismos para acceder a ella deberían ser simples y baratos, pero como el saber es poder, quienes lo ejercen lo monopolizan. El saber de la cosa pública se vuelve un asunto de iniciados, que se usa para perpetuarse en el poder, aunque las sociedades que gobiernan se mantengan en el subdesarrollo.
Por eso la opacidad en el gobierno es sinónimo de corrupción, incompetencia y negligencia. En cambio, la transparencia en el ejercicio del poder es una manera de hacer partícipe a la sociedad, porque en la medida que conoce, se desarrolla.
En nuestro estado de Guerrero existe una ley que reconoce el derecho de los ciudadanos a saber, y un organismo dedicado a velar porque ése derecho se respete, sin embargo, tanto la disposición legal como el instrumento para hacerlo realidad, han mostrado serias deficiencias que mantienen al pueblo alejado de la información sobre los programas oficiales y su aplicación.
Si bien es cierto que decenas de organizaciones sociales trabajan sin descanso para arraigar la cultura de la participación en la vida pública, de parte del gobierno domina el autoritarismo, la prepotencia y la hipocresía, conductas que contradicen el derecho a saber que asiste a los ciudadanos.
El poder de la burocracia asoma sin pudor ante cualquier demanda de información, sea del gobierno municipal, estatal o federal. Las contralorías sociales que se promueven en algunos municipios para conocer y dar seguimiento a los programas oficiales, son vistas como verdaderas amenazas al poder establecido, de manera que en esas condiciones excepcionalmente opera con eficacia la acción concertada de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Lo señalado arriba se pudo constatar en el Segundo Foro Estatal por un Guerrero Transparente y Democrático, que con la participación de casi una veintena de organizaciones, se realizó el lunes 28 de septiembre en la biblioteca del Congreso local, en la misma fecha en que el mundo celebra el Día Internacional del Derecho a Saber.
En éste evento donde el diputado Irineo Cesáreo Guzmán, presidente de la comisión de gobierno en sustitución del finado Armando Chavarría, anunció el compromiso de que para octubre el Congreso tendrá listas las reformas a la ley estatal de transparencia, se denunció también el incumplimiento del acuerdo de la comisión de diputados responsable de la revisión de la ley, de escuchar las propuestas de la sociedad civil organizada para la mejora del instrumento legal.
Para ilustrar la importancia que tiene el acceso a la información pública como valladar frente a la impunidad de los gobiernos, el Foro Estatal escuchó a la representante de la ONG norteamericana, Archivo de Seguridad Nacional, Kate Doyle, quien expuso que aún con dificultades que los propios ciudadanos norteamericanos tienen en su país para el acceso a la información pública, resulta mucho más fácil allá conocer casos sucedidos en México debido a que el imperio, cuando no está metido completamente en los asuntos, siempre sabe lo que sucede en cada parte del país a través de sus agregados militares que los Estados Unidos tienen adscritos a sus embajadas.
Kate Doyle hizo un repaso histórico de hechos notables ocurridos en varios de nuestros países, de delitos contra sus ciudadanos en los que el gobierno ocultó información para protegerse y perpetuar la impunidad.
Gracias a la labor que realizan no más de 20 personas que trabajan en Washington en la asociación civil, Archivo de Seguridad Nacional, se pudo dar luz para que tanto en Paraguay, como en Perú y Guatemala, la justicia pudiera castigar a quienes desde el poder abusaron de los derechos humanos de personas como usted y como yo, que en su momento fueron opositores a la autoridad.
Del caso de México la guapa, carismática e inteligente, Kate Doyle, dijo estar interesada en el esclarecimiento de casos vividos en los años de la guerra sucia, porque existen elementos muy útiles para que se esclarezcan, como el hecho de que hay familiares que sufren y que reclaman, testigos dispuestos a cooperar y denuncias que se pueden formular.
En Guerrero se enumeraron los casos del papá de Tita Radilla, desaparecido por el ejército porque él componía y cantaba corridos de los sucesos en Atoyac, en la época del guerrillero Lucio Cabañas. Los asesinatos del Charco en el municipio de Ayutla, son algunos de los sucesos donde el Archivo de Seguridad Nacional podría colaborar, si alguna organización lo solicitara.
Pero lejos aún de promover el esclarecimiento de hechos tan lamentables como los descritos, como forma eficaz de castigar a los responsables para fortalecer la democràcia, las organizaciones participantes en la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber expusieron sòlo experiencias locales que pudieran ilustrar las ventajas de ejercer el derecho a la información, dejando claramente establecida la importancia de la organización como columna vertebral en toda demanda de la información oficial.
Por eso fue ilustrativo presentar el caso de la exitosa lucha de los habitantes del municipio de Zihuatanejo, opuestos a la construcción del muelle de cruceros en la bahía, quienes en nueve meses de movilizaciones, marchas, manifestaciones, campañas de firmas, difusión del problema, debates en los medios de comunicación y defensa sólida y puntual de sus puntos de vista, lograron en el 2008 la cancelación del proyecto millonario que amenazaba con destruir el atractivo natural y turístico más importante de la Costa Grande.
No se tocaron los hechos de mayor impacto que ha vivido la sociedad guerrerense, donde se han violado los derechos humanos y priva la impunidad de los funcionarios implicados. Apenas fue un asomo a las enormes bondades que ofrece una ley para resolver casos de elemental justicia. Nadie que demandara resultados en la investigación de hechos como los sucedidos en Ayutla, contra los dirigentes mixtecos, ni tampoco los que quitaron la vida al aspirante a gobernador del PRD, Armando Chavarría. Apenas una demanda suave a los ayuntamientos de Técpan, Acapulco y Chilapa, para que informen sobre proyectos que podrían resolver añejos problemas de agua potable, drenaje y pavimentación.
Crescencio de la Cruz expuso el grave problema de contaminación del agua que alimenta al poblado de San Jerónimo Palantla en Chilapa; doña Victoria Melchor León, denunció el drama de su comunidad, La Concepción, que se localiza a unos mil metros del río Papagayo, donde carecen de agua pero están en vecindad con un pozo que la extrae, aunque no para ellos que son pocos y rurales, sino para el puerto de Acapulco;Felipa Riqueño, lider natural de la comunidad del Limón, también de Chilapa, expuso el riesgo latente de enfermedades gastrointestinales que puede provocar el agua que consumen porque sus vecinos de arriba la contaminan. Doña Guadalupe Ruiz de la colonia Villa Rotaria en Técpan hace recuento de los años que llevan sus vecinos demandando servicios básicos de luz eléctrica y agua potable. Todos ellos han acudido comedidamente ante las autoridades municipales con su solicitud de que sean informados sobre los programas y planes que resuelvan su necesidad, pero han topado con la barrera casi infranqueable del desprecio racista de los funcionarios, que así tratan a los ciudadanos huérfanos de representantes y de organización.
Las conclusiones del foro de todas formas fueron halagadoras, pues además de reiterar la disposición de las organizaciones para seguir levantando la cultura de la participación para la transparencia y la rendición de cuentas, acordaron redoblar esfuerzos para conseguir que los funcionarios y representantes populares se eduquen y cumplan con el deber de informar. Para ello dieron nacimiento a un organismo que se extenderá como red para buscar mayor efectividad en el ejercicio del derecho a la información. De manera que en el tercer foro se pueda evaluar el avance en la materia.
