Silvestre Pacheco León
Extinguir, es la palabra que puso de moda en estos días el presidente de la República. Con ella se refirió a la decisión que tomó para desaparecer a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que otorga el servicio de energía eléctrica a más de seis millones de usuarios que viven en el valle de México, con el trabajo de 24 mil electricistas.
El argumento central del presidente de la república al anunciar la extinción de la CLyFC consiste en sostener que desde su creación, esta empresa no ha cesado de recibir transferencias del presupuesto federal, que para el presente ejercicio serán de 41,945 millones de pesos. Dice que la empresa es ineficiente, que pierde poco más del 30 por ciento de la energía que produce y que es oneroso pagar las prestaciones contenidas en el contrato colectivo que la empresa tiene con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ante esta medida que el gobierno federal tomó el sábado 11 de octubre, después de que se conoció la victoria de la selección nacional en el partido de fútbol frente al seleccionado salvadoreño, el SME detalló la situación de la empresa con la que contrata así como de la política energética que ha seguido el gobierno.
Con el propósito de que los mexicanos podamos comprender lo que pasa en la industria eléctrica y, accesoriamente asumir una postura al respecto, conviene tomar en cuenta la posición del sindicato, el cual, frente al poder de los medios de difusión que apoyan la medida oficial, se encuentra en total desventaja.
La empresa LyFC, es un organismo descentralizado que no ha crecido en su capacidad de generación de energía eléctrica desde 1975 a pesar de que esa industria es considerada estratégica para el desarrollo del país. Las razones de esa política que inhibe la capacidad generadora de la CLyFC no están claras porque para satisfacer la demanda de energía en esta parte del país, la empresa en extinción tiene que comprar el fluido eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad a un precio superior de como lo vende.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, organismo que representa a casi 50 mil trabajadores, entre activos y jubilados, de la CLyFC, asegura que Felipe Calderón miente al exponer las razones que lo llevaron a tomar la determinación de extinguir a la empresa eléctrica, sobre todo cuando el presidente expone ante la opinión pública que las transferencias presupuestales que recibe de la Secretaría de Hacienda, ése organismo descentralizado, son para satisfacer las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que administra el sindicato, pues asegura que en realidad dichas transferencias se destinan a la compra del fluido eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad la cual ha recibido por ése concepto al mes de julio del 2009, la cantidad de 54, 797.683.1 millones de pesos, y que, en todo caso, la insolvencia que muestra la CLyFC se debe a que subsidia a los grandes empresarios como parte de la política oficial de privilegiar a quienes más tienen. Para sostener esa afirmación, el SME informa que a los empresarios se les vende la energía eléctrica a 88 centavos el kilowat hora, mientras que a los usuarios domésticos, que son la mayoría, se les cobra a 97 centavos.
El SME ha denunciado que detrás de la decisión que tomó Felipe Calderón de decretar la extinción de la CLyFC, se oculta el interés de su gobierno por privatizar la industria eléctrica, a favor de empresas trasnacionales como la Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola, ya que hasta julio del presente año la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente 772 permisos a particulares para la generación de energía eléctrica, lo que en términos generales significa que ahora está en manos privadas hasta el 35 por ciento de la capacidad instalada para la generación de electricidad.
Para el SME, el decreto de extinción de la CLyFC, es violatorio de la constitución porque para una acción de esa naturaleza se requiere de la participación del congreso de la Unión, ya que el artículo 27 establece que la industria eléctrica es patrimonio de la Nación. Además, el sindicato agrega que se siente particularmente agredido porque el decreto de extinción de su fuente de trabajo fue acompañado de la toma de las instalaciones de la CLyFC por parte de la Policía Federal, para que éstas fueran operadas por personal de la Comisión Federal de Electricidad.
El SME documenta su acusación al gobierno señalando que en su afán de favorecer a los inversionistas privados entregándoles una industria estratégica, no repara en el enorme daño que provocará con el despido de los 22 mil trabajadores que se quedarán sin empleo ni protección a sus familias, y hace un recuento del resultado que ha tenido la administración calderonista en la economía de los mexicanos durante los tres años que lleva en el gobierno, enumerando que hay 5 millones 600 mil trabajadores que apenas ganan el salario mínimo, cantidad que no alcanza siquiera para adquirir los bienes de consumo básico que requiere una familia; 19 millones de mexicanos cuyos ingresos no les alcanzan para comer, y una situación de desempleo que afecta quizá a 10 millones de personas en edad de trabajar. En contraparte el sindicato recuerda que 10 familias concentran tal riqueza en nuestro país que forman parte de la lista de los más ricos del mundo.
Frente a esta situación el SME exige al gobierno la derogación del decreto de extinción de la empresa con que contratan, la devolución de las instalaciones de la CLyFC, y convocan a la formación de un frente nacional por la defensa de la legalidad constitucional, la soberanía y los contratos colectivos de trabajo.
El lunes 12 al medio día, la ciudad luce tranquila, con un cielo nublado. En la avenida Insurgentes llama mi atención la leyenda que portan las unidades del metrobus, unos sí y otros también, manifestando su apoyo al SME. En Paseo de la Reforma y en las inmediaciones de la Alameda hay grupos de trabajadores difundiendo el problema, sobre todo mujeres, que portan carteles en pecho y espalda recordando al presidente su compromiso con el empleo. En algunas estaciones del Metro piquetes de trabajadores, presumiblemente electricistas, entregan volantes demandando la solidaridad del pueblo en la defensa de su fuente de trabajo y de la industria eléctrica. Algunos preguntan en carteles si la gente sabe cuánto pagará de luz.
En la prensa nacional se conoce a detalle y se comenta el decreto presidencial del sábado 11 que anuncia la extinción de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro y con ello el despido de todos sus trabajadores. Los partidos políticos fijan sus posiciones y los analistas hacen sus juicios.
En el periódico Reforma German Dehesa aplaude la acción del presidente y critica la reacción tardía de Marcelo Ebrard manifestando su apoyo a los trabajadores electricistas. Federico Reyes Heroles minimiza la fuerza del sindicato y de las organizaciones que lo apoyan frente a los millones de mexicanos supuestamente agraviados por el subsidio inconsulto que damos al SME vía CLyFC, calculado en 400 pesos anuales por cabeza. Jorge Alcocer, por su parte, apoya también la medida del gobierno, repasando los intentos que se han hecho desde el poder por terminar con las transferencias presupuestales a esa empresa eléctrica descentralizada.
Los periodistas de Televisa se enfrascan en discusiones sobre la coherencia entre el plan para la extinción de la CLyFC y su ejecución. Que si tuvo o no tuvo peso en la decisión del sábado el triunfo futbolero de la selección nacional.
El taxista me pregunta mi opinión sobre el suceso. A él le preocupa la previsible toma de la ciudad por los opositores a la medida del presidente. Ya sabe que López Obrador ha manifestado su apoyo a los electricistas y teme que se pierda el control del DF. Cuando le digo que el desempleo crece a pesar de las promesas del presidente, deja de insistir en la jugosa indemnización que se ofrece a los trabajadores. De todos modos entramos en la discusión sobre el papel de los sindicatos y coincidimos en que son instrumento de los trabajadores, tan democráticos o corruptos como lo permiten y deciden sus bases. Si los sindicalizados tienen privilegios, su trabajo les ha costado, lo grave- le digo- es que la mayoría de los trabajadores carecen de ese instrumento legal que los representa y defiende. Al final concluimos en que Felipe Calderón actúa al modo del mexicano clásico: en vez de buscar que nos igualemos a los ricos, prefiere que todos seamos pobres. De allí su argumento de que prefiere quitar los subsidios a los trabajadores electricistas porque están organizados y pueden presionar, para dárselos mejor a los mexicanos más pobres, que están desorganizados y –concluyo- no pueden protestar.
El hecho es que en lo interno, los trabajadores del SME pusieron su flanco más débil para el golpe sabatino del 11. Pobres, quizá hasta crudos estaban los dirigentes cuando fueron enterados de la noticia. El golpe mediático fue certero y apabullante. Ni siquiera el SME con sus largos años de lucha sindical vanguardista lo previó ni pudo sobreponerse. Lo que viene es cuesta arriba y el ambiente social no ayuda para una lucha larga.
