
Humedales
Silvestre Pacheco León
Las leyes del dinero nunca servirán para la protección de los ecosistemas y más bien ayudarán a la apropiación privada de los recursos naturales.
Los inversionistas saben bien que en materia de legislación ambiental resulta más barato, rápido y cómodo, pagar una sanción que realizar todo el protocolo para la legalidad de sus proyectos.
La ley y la estructura burocrática para aplicarla hace a los funcionarios públicos del área como empleados de los dueños del dinero, de manera que su reacción contra los servidores públicos que les llaman la atención suele ser escandalosa, como para inhibir la existencia de funcionarios responsables.
El Doctor Leonel Lozano, ha sido cesado como delegado federal de la Semarnat en el estado, no porque se haya extralimitado en su celo por cuidar los recursos naturales, sino por velar que el proyecto de construcción de unos bungalows en la barra de la laguna de Coyuca se hiciera atendiendo a la normatividad ambiental. Esta actitud que constituye una excepción en un servidor público, es la que debemos exaltar con su defensa, precisamente para que la responsabilidad se convierta en carta corriente entre los funcionarios de cualquier orden de gobierno.
Al ex delegado se le acusa de haber invadido el terreno del proyecto, antes público y ahora privatizado, cuando para cumplir con las tareas propias de su función tuvo que conocer el lugar de los hechos.
La denuncia que después presentó ante la PGR contra los propietarios de los bungalows era un paso necesario que da fe de los daños que dicho proyecto está provocando al medio ambiente, y previene sobre hechos que pueden poner en riesgo la vida de los turistas que lleguen al lugar. La actitud del ex delegado fue también en respuesta frente a las constantes quejas de las ONGs ambientalistas que tiempo atrás conocieron el daño ambiental que se estaba provocando al construir en zona federal sin medir el impacto de las obras y sin ningún permiso que los respaldara.
Tiene razón Carlos Millán Sánchez, dirigente estatal del PAN en el estado, cuando menciona que no recibió igual trato del ex delegado de la Semarnat la denuncia presentada por los pescadores de la laguna de Tres Palos por afectaciones a la zona de mangles de su lugar de trabajo, y quizá sean muchos los casos similares que siguen sin ser atendidos, pero he aquí que hechos como el señalado por el panista forman parte del complejo que impide que todas las denuncias reciban atención y que los daños ambientales sean castigados. Su partido, y él mismo, deberían asesorar a los pescadores para que aprendieran que las denuncias ambientales se presentan a la Profepa y que buscando más eficacia habrá que acudir a la PGR.
La cultura de la denuncia no encuentra campo fértil en nuestra sociedad por falta de capacitación y debido a la escuálida presencia de la autoridad. El tema ambiental es también un filón de votos que los partidos deberían aprovechar.
Los particulares, a falta de orientación y apoyo no ven que la aplicación de la ley sea expedita ni justa y menos gratuita. Por eso también deben ser reconocidos los esfuerzos de quienes venciendo un sin fin de dificultades, se atreven a denunciar.
La defensa del Doctor Lozano es un buen principio para que la sociedad abone a la necesidad de que no haya funcionarios de excepción, que todos sean responsables y que cumplan con firmeza en la aplicación de la ley. Sólo así ganará presencia la autoridad y los ciudadanos sabremos que no hay impunidad cuando la ley se aplica a tabla rasa.
Ojalá que los panistas, tan proclives a defender a los dueños del dinero, utilizaran la fuerza de su partido y la representación que tienen en el gobierno federal para promover la atención a todas las denuncias y delitos ambientales que con tanta frecuencia aparecen en los medios de comunicación.
La población debe saber que la eficacia de las denuncias no depende de su aparición en los medios, sino en su canalización correcta ante las autoridades que correspondan.
La ignorancia en materia ambiental es generalizada y tan grave que se magnifica cuando se trata de las autoridades. Por eso los medios masivos de comunicación pueden jugar también un papel relevante, dándole seguimiento a los casos que como el cese en el cargo del Doctor Leonel Lozano, pueden ser emblemáticos y educativos en un medio de tanta depredación.
Es conveniente señalar que en proyectos como el de los bungalows motivo de la destitución del ex delegado, las autoridades involucradas son tanto la Semarnat, como la Profepa y también la Comisión Nacional del Agua, para hablar de las autoridades federales.
Antes de su ejecución, el proyecto debió contar con el manifiesto de impacto ambiental autorizado por la Semarnat. Es esa dependencia la responsable de evaluar si el daño implícito en la obra se puede mitigar, y si los beneficios serán mayores que los perjuicios.
Ahora bien, tratándose de una zona de humedal y de aguas interiores, es la Conagua la que tiene que intervenir como autoridad específica.
La Profepa debe actuar para sancionar la comisión de un delito ambiental y, como se sabe, realizar una obra en las condiciones de los bungalows, sin el permiso de la Semarnat, constituye un delito federal. Habrá que investigar también si en el caso de la carretera construida por el gobierno del estado, se cumplió con la normatividad, pues resulta común que al tratarse de construcción de obras, todo el gobierno se hace el occiso, coordinándose a la perfección en sus tres ámbitos para rendirle culto al concreto. El secretario estatal de la Semaren, Sabás de la Rosa, quisiera lavarse las manos en este caso como si su Secretaría fuera convidada de piedra. ¿Qué la obra en cuestión no está en el territorio que atiende? Confirmar que su dependencia ha estado “ausente” en el caso y que no tiene “injerencia” resulta una confesión tan patética como su afirmación de que el gobernador no tuvo nada que ver con la destitución del delegado. Si de verdad la Semaren quiere reparar entuertos con la “ventanilla única” que ha anunciado su titular para casos como el que nos ocupa, una primera señal será conocer sus conclusiones respecto al proyecto de los bungalows Playa Azul.
Por lo demás, también resulta un lugar común las declaraciones de los funcionarios municipales quienes candorosamente quisieran aparecer ajenos a los conflictos que directamente los involucran. Dice el director municipal de turismo en Coyuca, Arturo Cruz Meraza, que el desarrollo Bungalows Playa Azul, “cuenta con todos los permisos municipales” además de los federales, y que dicho proyecto traerá beneficios económicos a Coyuca. Sólo le faltó decir que no importa el costo ambiental que se tenga que pagar.
En Zihuatanejo hemos iniciado una campaña de firmas demandando la restitución del ex delegado en su cargo y una investigación a fondo del proyecto cuestionado para que se conozcan y hagan públicos los hechos reales que están afectando los humedales.

